El ambientalista, Número 13
La fuerza laboral de los Estados Unidos en peligro de perder protecciones
Por Kathleen Rest y David Michaels
Martes 15 de agosto de 2017, 2:00 hrs.
Hace décadas que el gobierno de los Estados Unidos intenta (con éxito considerable) hacer que los lugares de trabajo sean más seguros; proporcionar a las empresas de todos los tamaños el acceso gratuito a la investigación, a la información y a directrices que forjen las mejores prácticas; y hacer cumplir las leyes cuando las empresas sin escrúpulos ponen en peligro a los trabajadores.
En un reciente brote de actividad dirigido a recortar el presupuesto y revertir protecciones, la presidencia de Trump compromete la seguridad de los trabajadores. Si usted trabaja o conoce a alguien que lo haga, necesita prestar atención porque la vida de las personas está literalmente en peligro.
Se trata de personas como Donovan Weber, de 25 años de edad, que murió asfixiado en el derrumbamiento de una fosa en Minnesota. O Michael McCort, Christopher Irvin, Antonio Navarrete y Frank Lee Jones, que murieron en una central eléctrica en la Florida cuando un flujo de escoria derretida que llegaba a los 1000 grados Fahrenheit de temperatura se les volcó encima mientras trataban de destapar un tanque. O Wanda Holbrook, a quien un robot que no estaba funcionando bien le aplastó la cabeza mientras ella ajustaba la maquinaria en Michigan.
Cada día en los Estados Unidos, mueren 13 personas como resultado directo de condiciones de trabajo peligrosas y es diez veces mayor el número de personas que muere por enfermedades relacionadas con la actividad laboral que son menos repentinas pero igualmente demoledoras. Se trata de problemas de salud como cánceres provocados por la exposición a radiación o a sustancias químicas o como enfermedades debilitantes e irreversibles, entre ellas la silicosis, la asbestosis y la neumoconiosis o enfermedad de los pulmones negros de los mineros. En total, se calcula que entre 50 mil y 60 mil trabajadores mueren de enfermedades ocupacionales cada año en los Estados Unidos, una cifra alarmante que rara vez alcanza los titulares.
A eso se suman los casi tres millones de lesiones y enfermedades no letales reportadas en 2015 solo entre trabajadores del sector privado, aunque la Oficina de Estadísticas Laborales calcula que la cifra total se aproxima a los 5 millones. Se trata de problemas que surgen todos los días en fábricas, oficinas y hospitales así como en establecimientos agropecuarios, buques pesqueros y sitios de construcción. Algunas lesiones son pasajeras y de recuperación rápida. Otras cambian la vida de las personas de manera permanente.
Habiendo dedicado la mayor de parte de nuestra propia vida laboral al esfuerzo por mejorar la salud y la seguridad de los trabajadores, sabemos con certeza lo siguiente: la gran mayoría de esas muertes, enfermedades y lesiones son prevenibles.
Nuestra preocupación ahora es el peligro de retroceder. Desde enero, hemos visto que algunas protecciones del lugar de trabajo se han demorado o revertido. Por ejemplo, la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional (OSHA, por su sigla en inglés) ha propuestodebilitar las protecciones de trabajadores expuestos al berilio, una sustancia cancerígena, y demorado la fiscalización de la regla sobre el sílice, así aumentando la incidencia probable del cáncer de pulmón. También ha demorado el ingreso electrónico de datos sobre lesiones y enfermedades, y ha dejado de divulgar información pública sobre medidas de fiscalización, algo que inhibe el acceso del público y de los investigadores a datos que pueden facilitar la prevención.
Asimismo, el Congreso ha cancelado permanentemente la capacidad de la OSHA de imponer multas a empleadores con una larga trayectoria de quebrantar reglas relativas al registro de lesiones y enfermedades, multas que solían enviar una fuerte señal a otros empleadores de la industria.
También preocupa que se haya propuesto recortar los presupuestos de investigación, educación y capacitación dirigidos a mejorar la salud y la seguridad ocupacional de nuestro país. Se trata de investigaciones que aumentan los conocimientos relativos a los peligros existentes y futuros, que respaldan las políticas gubernamentales y las prácticas de los lugares de trabajo, y que fomentan la innovación relacionada con la seguridad ocupacional.
La presidencia de Trump propuso un recorte del 40 por ciento en el presupuesto del Instituto Nacional de Salud y Seguridad Ocupacional, la principal dependencia federal del país que realiza investigaciones, transfiere conocimientos a empleados y empleadores, y elabora recomendaciones para prevenir lesiones y enfermedades ocupacionales. Es también el único organismo federal que apoya la educación y capacitación de profesionales especializados en salud y seguridad en el ámbito de trabajo.
Un recorte de esta envergadura tendría graves efectos sobre la capacidad del gobierno de mantener actualizadas sus directrices relativas a los lugares de trabajo según los más recientes estudios de investigación y reduciría sobremanera la disponibilidad de profesionales de la salud y seguridad ocupacional que asesoran tanto a empleados como a empleadores. Si bien algunos representantes en el Congreso han limitado el recorte, no lo han eliminado.
Desde el punto de vista económico, limitar la investigación y revertir las protecciones legales de fundamento científico, en el mejor de los casos, carece de perspectiva. Se calcula que el costo social de las muertes, lesiones y enfermedades relacionadas con la actividad laboral fue de $250 mil millones en 2007 considerando solo los costos médicos y la pérdida de productividad. La inversión gubernamental en salud y seguridad ocupacional es dinero inteligente que paga dividendos a empleadores y trabajadores, y que redunda en bienestar económico para el país en general.
Revertir y demorar las protecciones de fundamento científico o recortar la investigación necesaria para entender los peligros, exposiciones, riesgos y soluciones erosiona la salud y la vitalidad de la fuerza laboral de nuestro país.
Por el bien de nuestros seres queridos, así como por el bienestar colectivo de la fuerza laboral actual y futura del país, es momento de vigilar y hablar en defensa de la investigación y la fiscalización de reglas que protejan la salud y la seguridad de los trabajadores.
Necesitamos alzar la voz y responsabilizar a nuestros dirigentes electos de asegurar que no se debiliten las reglas de fundamento científico que protegen a los trabajadores.
Kathleen Rest es la directora ejecutiva de Union of Concerned Scientists y ex directora suplente del Instituto Nacional de Salud y Seguridad Ocupacional. David Michaels es profesor de la Facultad de Salud Pública de la Universidad George Washington y ex subsecretario de trabajo.
Spanish translation by Julieta Pisani McCarthy, M.A.